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Medio millón de trabajadores fijos de la Administración serán convertidos en funcionarios

Bruselas exige eliminar la figura del trabajador fijo en la Administración.

Bruselas vuelve a mandar. La figura del “personal laboral fijo” que existe en la Administración española no acaba de convencerle a la Unión Europea, una figura que tacha de desfasada y que no tiene equivalentes en ninguno de los países miembros. Así, el Gobierno español se enfrenta a la necesidad de eliminar esos puestos de trabajo, en un momento difícil de negociación con los sindicatos de funcionarios que exigen una subida de sueldo.

El Estatuto Básico del Empleado Público reconoce la figura del personal laboral en la Administración. Esto permite que existan “trabajadores públicos fijos” y, por otro lado, “funcionarios”. Dichos trabajadores fijos están sometidos al régimen de la Seguridad Sociales y es posible despedirlos. Si tenemos en cuenta que un 80% del personal laboral es fijo, los sindicatos calculan que hay en torno a 472.000 empleados públicos que ocupan estos puestos de trabajo y cuyo futuro depende ahora de la decisión del gobierno. En los dos últimos años, la oferta de empleo para este tipo de trabajadores públicos ha ido en aumento, especialmente en ministerios y órganos estatales como Renfe, el Banco de España, Correos…

Bruselas, al tanto de esta situación, le ha puesto nuevos deberes a Cristóbal Montoro para que regulen esta figura laboral, inexistente en los grandes países de la Unión. Así, la Comisión Europea, desaconseja continuar ofertando empleo público para estos trabajadores.

¿Qué soluciones plantea el Gobierno para los trabajadores públicos fijos?

España ha recibido en más de una ocasión la recomendación de reducir hasta su eliminación este tipo de trabajadores dentro de las administraciones. Esta medida no ha sido adoptada por ninguno de los últimos gobiernos de España.

La única solución alternativa que se plantea ahora es la de convertir a este medio millón de trabajadores públicos fijos en funcionarios. Esta sería la única salida para cumplir con las exigencias de Bruselas. Esta medida ha sido ya compartida en las reuniones de principios de año y abarcaría la “funcionarización” de los trabajadores labores fijos de nivel 1 y nivel 2 (los más elevados). Esta opción ha sido bien acogida por los sindicatos.

Esta medida ya se estaba aplicando desde hace años, dando la oportunidad a dichos trabajadores a someterse a una prueba por escrito para lograr su plaza de funcionario. En ese sentido, todos ellos deben cumplir con los requisitos de mérito y capacidad para cumplir con su nueva función. Los sindicatos afirman que “su proceso de funcionarización debe ser similar a los que se realizan para la promoción interna, ya que ya forman parte de la Administración y han superado una oposición”. De llevarse a cabo la nueva medida, los primeros empleados labores fijos, de los niveles 1 y 2, podrían pasar a ser considerados como funcionarios superando solamente un concurso de méritos, sin examen.

Medio millón de empleados públicos a la espera

La exigencia de Bruselas de eliminar este personal laboral fijo, abre dos frentes igual de complicados para el Gobierno. Acabar con todos esos puestos de trabajo, cosa que la ley permitiría. O, como parecen indicar las últimas acciones gubernamentales, convertirlos en funcionarios para que continúen desempeñando sus actuales funciones en la Administración.

Por el momento, habrá que seguir esperando para ver cómo se resuelve todo.

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